Buscando acompañar a los productores agropecuarios, agobiados por una interminable sequía, Marita Ferrero -plenamente identificada con la producción- propuso en el Concejo que por los próximos seis meses no se pague la Tasa de Inmuebles Rurales. Algo similar presentó el Ejecutivo aunque bajando la excención al 50%. Sin lugar a dudas la realidad marca que habrá una unificación de posturas, y consenso mediante, un despacho que será más bien una señal de acompañamiento para el distrito rural local.
Rápidamente se escucharon en el recinto explicaciones sobre el “encadenado” que tiene parte de la recaudación con ciertas contribuciones a entidades de la ciudad que en caso de no tributarse los impuestos, podrían quedarse sin dichos aportes; aunque, como se dijo, todo será repasado en la labor en Comisión.
Ahora bien, ¿hasta dónde llega la emergencia? Es decir, ¿es solamente el sector productivo agropecuario el que la padece? Desde hace tiempo las entidades gremiales comerciales reclaman un criterio de equidad para poder declarar también la emergencia en sectores de servicios o rubros de negocios que están igualmente impactados por la crisis.
¿Porqué el campo puede tener excenciones y en la ciudad los comercios, por más pequeños que sean no cuentan con alguna herramienta para disminuir cargas impositivas locales (por ser las más simples de modificar)? ¿Acaso no hay rubros que están encadenados a la realidad del campo por ser proveedores directos o incluso exclusivos y aún así pueden seguramente quedar al margen de los beneficios que se dispongan?
El año pasado, ante la crisis de SanCor fue el Municipio local el que intentó estar presente generando un “Plan de Contingencia”. Más allá del tiempo transcurrido, la efectividad y el alcance del mismo debiera ser materia de evaluación y ser representado con datos que permitan analizar su impacto. ¿Qué ha cambiado de aquella situación a hoy más allá de algunas certezas acerca del futuro de la Cooperativa Madre?
Resultan constantes las publicaciones en redes sociales en las cuales decenas de familias sunchalenses ofrecen artículos usados o alimentos de los más variados como ingreso extra o sustento único. Esto evidentemente contiene un trasfondo que debiera también ser tenido en cuenta. No siempre elevando impuestos es como se incrementa la recaudación sino que, ante un contexto adverso, sin llegar a la excención, el generar opciones de acceso al blanqueo otorgaría múltiples beneficios y acrecentaría la seguridad alimentaria, entre otros aspectos.
Uno de los problemas es quién representa a este grupo cada vez más numeroso y en expansión. En una reciente nota elevada al Concejo, el Centro Comercial apunta a la afiliación obligatoria de comercios ¿A cambio de qué? Sería la respuesta que con múltiples argumentos deberían estar ofreciendo sus autoridades. ¿Podrían sumarlos, representarlos y defenderlos a estos emprendedores que no tienen local ni superficie comercial declarada?
En la última sesión del Concejo, Oscar Trinchieri en una de sus alocuciones, entre otras cosas, dejó una advertencia al sostener: “estamos recibiendo a diario la situación de comercios con sus servicios… estamos ante un escenario particular, agravado por la crisis de nuestro campo como uno de los motores claves en el desarrollo del sector urbano pero más allá de la crisis climática del sector rural, no deberemos olvidarnos que el impacto también tendrá reflejo en otros sectores que no la están pasando bien”.
