Debieron pasar más de diez años para que se decidiera una actualización del valor de la Tasa General de Inmuebles. Tiempo atrás, la no variación de la misma era presentada como una virtud que se mantenía en cada presupuesto. Hoy se presenta como una adecuación que permita dejar -en parte- de desviar fondos de, por ejemplo obras, para subsidiar la prestación de los servicios básicos municipales.
A nadie escapa el hecho de que, con los movimientos económicos de la última década y media, el porcentaje no refleja lo vivido. Las variaciones han sido mucho mayores al 30 por ciento. No obstante, la comunidad no debe ser quien reciba de forma directa un incremento más significativo.
El caso es similar a lo que fue hace unas semanas, la actualización de las tarifas del agua potable: en ambas situaciones, los cálculos indicaban la necesidad de aumentar en más de un ciento por ciento. También hay un paralelismo con el hecho de que se decidió esperar casi hasta último momento antes de hacer llegar el cedajo al bolsillo de la comunidad.
Las discusiones en comisión pasaron más por el porcentaje que por si había que retocar el gravamen. El 28 decían unos, el 30 otros, acordando esta última cifra que viene a ser coincidente con la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo.
De esta forma, la administración local podrá contar con un mayor caudal de ingresos en la segunda mitad del año, lo cual, sumado a mejoras en la coparticipación y envío de fondos extraordinarios como los anunciados recientemente por la provincia, auguran un buen panorama para los meses venideros. Seguramente los anuncios de un nuevo plan de pavimentación de unas veinte cuadras en distintos barrios (otra cosa que no se hace desde más de una década) y otras obras, rodearán la llegada de los 120 años de vida de la ciudad y porqué no pensarlo, puedan ser el punto de partida de una futura plataforma de gobierno, de cara a la inminente renovación local.
