(Por: Francisco Scolaro) – Es notorio tanto que la imagen de nuestra justicia se tira por los balcones, como que los derechos ciudadanos suben por escaleras o por ascensores y demoran más que trenes y subtes.
Son pocos los que creen en la imparcialidad de los tribunales, su funcionamiento y hasta su honestidad.
FORES (Foro de Estudios sobre Administración de Justicia) realiza encuestas que aseveran lo precedente.
En efecto, el Indice de Confianza en la Justicia (ICJ) demuestra, en los relevamientos y encuestas, que la misma no es confiable ni eficiente.
Cada tres meses se realizan mediciones y la desconfianza aumenta. Obvio que la mayoría de los ciudadanos (único recurso) afirma que reclamaría en tribunales cualquier contienda o litis.
De la encuesta participa también la Universidad Torcuato Di Tella y resalta que la imparcialidad, que debería caracterizar a los jueces, sigue en picada.
Muchos están convencidos de que no se trata a todo el mundo por igual ante los casos de corrupción. Muchos de los jueces están sospechados, las vacantes sin cubrir y las presiones del Ejecutivo están en boca del pueblo.
Si se descree de las instituciones seguimos por mal camino y, peor aún, si se privilegian las encuestas (que hoy hacen reír) para candidatos a cargos electivos, haciendo caso omiso de las que marcan la precariedad en aumento de las Instituciones.
Hasta la Junta Electoral (no es un órgano judicial y por lo tanto resulta incompetente para opinar), que debe someterse a la Justicia competente en la materia, violará (y viola) preceptos de la Constitución. Ese libro que obliga al Estado a proveer y afianzar la justicia.
Sin entrar en el juzgamiento personal de Francisco de Narváez ni de Daniel Scioli, ninguno de los dos, por imperio de la norma madre de la provincia de Buenos Aires (Art.121), están habilitados para ser candidatos a Gobernador (que exige que el postulante a gobernador debe haber nacido en la provincia o haber tenido domicilio en ella durante cinco años de residencia).
El artilugio de recurrir a normas internacionales, nos debe llevar a pensar en derogar la Constitución. ¿A quién le interesa una serie de normas de las que la mayoría no se cumple?
Quién va hacer cumplir las Leyes, la Constitución y la Justicia de una vez y para siempre en este País?
¿Quién le pone el cascabel al gato?. El art. 121 (capicúa) pareciera ser un número más en la «timba» electoral.
Saludos
Licenciado Francisco Scolaro
DNI 4702585
Palomar – Buenos Aires
www.scolaro.blogspot.com (El Atrilero)
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